El cerco internacional a los vientres de alquiler

Publicado en Nueva Revolución 13 may0 2025

 

 

 

 

 

 

Teresa Domínguez es copresidenta y cofundadora de AFRA Mujeres, investigadora,  divulgadora feminista y creadora del proyecto letraescarlata.org y CatavinasPodcas

 

La gestación subrogada opera en un entramado complejo que trasciende fronteras. En muchos casos, las mujeres son inseminadas en un país, con óvulos de mujeres de otros países, trasladadas a terceros países para el parto y retenidas en condiciones que, aunque disfrazadas de cuidado, es directamente trata humana.

En un mundo donde los avances tecnológicos y las demandas sociales transforman constantemente las nociones de familia y la reproducción, la mal llamada gestación subrogada, se ha convertido en un tema de intenso debate ético, legal y humano. Esta práctica, que implica la contratación de mujeres para gestar y dar a luz criaturas  destinadas a terceros, ha sido señalada como una forma de mercantilización del cuerpo  de la mujer y de instrumentalización de la infancia.

En los últimos años, diversos países han endurecido sus legislaciones para frenar lo que es una violación flagrante de derechos humanos, pero la falta de un consenso global y la pujanza de una industria multimillonaria mantienen esta práctica en el centro del escenario internacional sin que de verdad se aborde la cuestión principal, la misoginia implícita, la desigualdad que genera, y la vulneración extrema de derechos que afecta a mujeres, niños y niñas.

La gestación subrogada opera en un entramado complejo que trasciende fronteras. En muchos casos, las mujeres son inseminadas en un país, con óvulos de mujeres de otros países, trasladadas a terceros países para el parto y retenidas en condiciones que, aunque disfrazadas de cuidado, se puede decir que es directamente trata humana. Estas madres, la mayor parte de las veces, en situación de vulnerabilidad económica, son alojadas en «hoteles,» casas o incluso instalaciones descritas como «granjas reproductivas», donde se las controla completamente, incluso con personal de seguridad, hasta el momento del nacimiento.

Los clientes, en su mayoría extranjeros provenientes de países con regulaciones estrictas, pagan sumas exorbitantes a intermediarios —clínicas, agencias, abogados— que operan en una red global opaca. Este fenómeno, conocido como turismo reproductivo, o gestación subrogada transnacional, ha generado una industria que en 2023 facturó más de 17.000 millones de euros y que proyecta un crecimiento exponencial en la próxima década, según estimaciones del sector.

El problema ético de la maternidad subrogada radica en su esencia: la cosificación de las mujeres y menores. Las madres son reducidas a meros recipientes biológicos, mientras que los bebés nacidos de estos acuerdos comerciales son tratados como productos de lujo de un intercambio comercial. Los defensores de la práctica argumentan que, en contextos “regulados”, puede ser una decisión “autónoma y altruista”. Sin embargo, la realidad dista de este ideal de telenovela.

Las mujeres son presionadas por circunstancias principalmente económicas, incluso familiares, los contratos son documentos abusivos que limitan su autonomía, y la de los menores que ven sus derechos a conocer su origen biológico ignorados. Estas prácticas, que constituyen trata de seres humanos, han llevado a un creciente número de países a revisar sus marcos legales para limitar o prohibir los vientres de alquiler.

Europa se ha posicionado como un referente. En abril de 2024, el Parlamento Europeo dio un paso al incluir la maternidad subrogada “forzada” como una forma de trata de seres humanos en la revisión de la Directiva contra la Trata (UE) 2024/1712. Esta normativa, aprobada en mayo de 2024, reconoce explícitamente que la explotación reproductiva, junto con el matrimonio forzado y la adopción ilegal, constituye un delito grave. La directiva establece penas de prisión de al menos cinco años, que pueden llegar a diez en casos agravados, y sanciones severas para empresas que faciliten estas prácticas, incluyendo la exclusión de financiación pública y la revocación de licencias.

Además, obliga a los Estados miembros a implementar medidas preventivas, como campañas de sensibilización, formación de personal judicial y sanitario, y la creación de centros de acogida para víctimas, con especial atención a mujeres, niñas y personas con discapacidad.

Sin embargo, la efectividad de esta directiva enfrenta obstáculos. La definición de «explotación» sigue siendo ambigua,yo diría que controvertida, lo que dificulta la persecución penal en casos donde no se demuestre coacción explícita. Además, la disparidad de legislaciones nacionales complica la cooperación judicial transfronteriza.

Mientras países como Francia, Alemania y España prohíben la gestación subrogada en todas sus formas, otros, como Ucrania y Georgia, se han convertido en destinos predilectos para el turismo reproductivo. En Georgia, por ejemplo, el 90% de las parejas que recurren a la subrogación son extranjeras, y en Ucrania, solo el 5% de los procedimientos se destinan a parejas locales. Esta asimetría normativa permite que la industria explote lagunas legales, dejando a mujeres y menores en una posición de extrema vulnerabilidad.

España ha adoptado una postura firme, aunque insuficiente. Desde la Ley 14/2006, esta práctica está prohibida en el país, y cualquier contrato que la contemple es considerado nulo de pleno derecho. Sin embargo, existían resquicios legales que permitían inscribir en el Registro Civil a menores nacidos por subrogación en el extranjero. En abril de 2025, una instrucción del Ministerio de Justicia cerró esta brecha al exigir que los solicitantes acrediten un vínculo biológico o inicien un proceso de adopción para registrar a estos menores en consulados españoles.

Esta medida, registral, que responde a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la gestación subrogada convierte a mujeres y niños en objetos de intercambio comercial, se alinea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que otorga a los Estados miembros la facultad de restringir estas prácticas según sus leyes internas. Y aunque dificulta el proceso, esta nueva instrucción sigue dejando una puerta abierta a la subrogación transfronteriza. Y la ley sigue sin penalizar a los compradores.

Italia, por su parte, ha ido más allá al convertir la gestación subrogada en un delito universal. Desde finales de 2024, cualquier ciudadano italiano que recurra a esta práctica, incluso en países donde es legal, enfrenta penas de hasta dos años de prisión y multas que oscilan entre 600.000 y un millón de euros. Esta reforma, pionera en su enfoque extraterritorial, refleja una voluntad legislativa clara de erradicar una práctica considerada contraria a la dignidad humana. La postura italiana ha inspirado a otros países a considerar medidas similares, aunque la implementación de sanciones transnacionales sigue siendo un desafío debido a la falta de armonización legal.

Otros países europeos muestran enfoques variados. En Grecia, donde la gestación subrogada altruista está permitida, el gobierno anunció en abril de 2025 restricciones que limitan el acceso a esta práctica, excluyendo a ciertos grupos y reforzando los controles para evitar abusos. La industria de la explotación reproductiva, lejos de retroceder, continúa expandiéndose. Países como Ucrania, Georgia y, algunos estados de Asia y América Latina, se han consolidado como centros neurálgicos del turismo reproductivo. La demanda, impulsada por parejas y personas de países con restricciones, alimenta un mercado que prioriza el lucro sobre los derechos humanos. Las clínicas y agencias, muchas de ellas con filiales internacionales, operan con una eficiencia que contrasta con la precariedad de las condiciones de las madres.

La prohibición expresa de la práctica, como en España, debe ir acompañada de la nulidad absoluta de los contratos para desincentivar su celebración. Igualmente crucial es la restricción del registro civil para menores nacidos por subrogación en el extranjero, incluso cuando existan resoluciones judiciales extranjeras que las validen. La tipificación de la gestación subrogada como delito internacional, siguiendo el modelo italiano, enviaría un mensaje claro: ninguna persona puede eludir la responsabilidad penal recurriendo a mercados extranjeros.

La cooperación internacional es indispensable. Propuestas como la de la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada (CIAMS) abogan por convenios globales que prohíban esta práctica y protejan a las víctimas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha respaldado el derecho de los Estados a adoptar medidas restrictivas, lo que abre la puerta a una mayor armonización de políticas en el ámbito europeo. Limitar el acceso a la subrogación a ciudadanos nacionales, como hacen algunos países, es otra estrategia para reducir la explotación transfronteriza.

A pesar de los avances, el camino hacia la erradicación de esta práctica inhumana es largo. España, por ejemplo, planea incorporar la gestación subrogada en su Ley Orgánica contra la Trata, sin embargo, mientras no se penalice su práctica en el extranjero, seguiremos en la misma tesitura y mientras existan mercados globales que se beneficien de la desigualdad económica y las diferencias normativas, la explotación reproductiva seguirá prosperando. La lucha contra la gestación subrogada no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético que definirá el futuro de nuestra concepción de la humanidad.

El vientre materno no es mero órgano. Es el epicentro donde la vida humana se origina, un microcosmos que orquesta la génesis de nuestra especie. La gestación no es un proceso mecánico, sino un acto ligado a la esencia de la vida misma. Las mujeres no somos úteros artificiales, ni máquinas de reproducción, ni vientres que se alquilan. La maternidad no puede reducirse a un contrato o una transacción.

En un mundo que explota la capacidad reproductiva de las mujeres, se nos cosifica mientras los gobiernos lamentan la caída de la natalidad con políticas conservadoras que restringen nuestros derechos. Se nos presiona para ser madres, o parir, pero solo bajo sus términos, no como seres autónomos. . Curiosamente, en estas agendas, nadie duda de qué es una mujer. Cuando se trata de controlar nuestros cuerpos o mercantilizar nuestra capacidad de gestar, la definición parece clara. No se puede clamar por la vida, mientras se despoja a las mujeres de su dignidad, reduciéndonos a medios para un fin. Nuestra humanidad no es negociable.