No descansaremos hasta que la maternidad subrogada sea reconocida como lo que es, una forma de trata.

 

Publicado en La Voz del Sur 30 de abril de 2025

Publicado en Nueva Revolución 01 may0 2025

 

 

 

Teresa Domínguez es copresidenta y cofundadora de AFRA Mujeres, investigadora,  divulgadora feminista y creadora del proyecto letraescarlata.org y CatavinasPodcast.

El gobierno deroga las instrucciones 2010 y 2019. La medida que dificultará la inscripción de menores, pretende evitar que los compradores burlen la ley española, que prohibe la práctica de la maternidad subrogada, y así evitar la vulneración de derechos de las madres y la mercantilización de los menores, en línea con la doctrina del tribunal Supremo. El siguiente paso: que sea reconocida como trata de personas con fines reproductivos.

El 30 de abril de 2025, Justicia aprueba una nueva instrucción para impedir la inscripción directa de los menores de la gestación subrogada, anulando las normativas de 2010 y 2019 que permitían registrar en consulados a bebés nacidos mediante esta práctica en el extranjero. Un paso más contra la explotación reproductiva. El Gobierno de España ha derogado las instrucciones que legalizaban de facto esta práctica prohibida en nuestro país y que vulnera los derechos de las mujeres y menores. Una terrible situación en la que se separa a bebés de sus madres, mediante violentos y agresivos contratos comerciales en el extranjero.

Desde el 1 de mayo de 2025, parece que se suspenden todas las inscripciones de bebés nacidos por vientres de alquiler, incluidas las de Estados Unidos, alineándose con las sentencias del Tribunal Supremo de 2024 que rechazan esta forma de trata de seres humanos.

Este triunfo a medias ha sido posible gracias a años de lucha y sensibilización. Pero no basta. Mientras la mal llamada gestación subrogada no sea un delito en la Ley Contra la Trata, y se castigue a los compradores que salgan al extranjero a comprar bebés, seguirán explotando mujeres y cosificando vidas. Mientras la gestación subrogada no se tipifique como trata de personas con fines reproductivos, con sanciones penales contundentes, seguiremos asistiendo a la explotación de mujeres y la compraventa de menores. No basta con cerrar puertas administrativas para unos casos; hay que derribar el sistema que las sostiene.

Hasta ahora, la instrucción de 2010, reforzada por la de 2019, creaba una doble vara de medir. Los bebés nacidos en países como Estados Unidos, donde la gestación subrogada está regulada y se emiten sentencias judiciales, podían ser inscritos en consulados españoles como hijos de los compradores, aunque no tuviesen lazos genéticos directos (no aportasen los gametos propios, véase caso Ana Obregón).

En cambio, los provenientes de países sin sentencias judiciales —como Ucrania, u otros— no cumplían los requisitos de la instrucción de 2010, obligando a los compradores a venir a España y solicitar la paternidad biológica o la adopción, conforme marca la ley. Esta disparidad no solo era incoherente, sino que legitimaba una práctica que nuestra legislación, desde la Ley de Reproducción Humana Asistida de 2006, declara nula por atentar contra la dignidad de mujeres y menores.

La nueva instrucción unifica criterios: independientemente de si los bebés vienen de Estados Unidos o de cualquier otro país, no se inscribirá automáticamente su filiación en consulados. Quienes recurran a la “gestación subrogada” (recordemos, prohibida en nuestro país, nulo de pleno de derecho) deberán enfrentarse a un proceso judicial en España para reclamar la paternidad biológica o, en su caso, la adopción. Lo que cierra las puertas a compradores de bebés que no tengan vinculación genética con los menores adquiridos.

Este cambio, la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2024 —que calificó la gestación subrogada como una forma de explotación moral—, es un avance ético, se alinea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce a los países el derecho a adoptar medidas para dificultar esta práctica cuando está prohibida en su ordenamiento interno, reforzando la lucha global contra la explotación reproductiva.

Leyendo las sentencias y la nueva instrucción publicada el 1 de mayo de 2025, creo que el objetivo claro es dificultar y desincentivar cualquier nueva iniciativa que surja para seguir utilizando esta práctica, acabando con la impunidad de quienes creían que podían comprar bebés sin consecuencias. Ahora se arriesgan a que un tribunal español no valide su solicitud de filiación si no cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, un documento que borre a la madre en origen no será considerado válido para presentarlo en España, mucho menos para personas sin ningún tipo de vinculación directa con los recién nacidos, como aquellos que adquieren gametos o embriones en el mercado.

Esto lo deja claro el primer párrafo de la disposición del 1 de mayo al subrayar la Ley 14/2006. En esencia, las madres no podrán ser borradas, lo que entiendo como un gran triunfo, porque esta instrucción va más allá de lo que parece a simple vista. Esto lo refuerza la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2025, que desestimó la demanda de un comprador que, tras contratar una gestación subrogada en México, intentó impugnar la filiación materna de la madre gestante para eliminar su nombre del registro, reafirmando la sentencia, que la filiación en España se determina por el parto y que el interés del menor no puede confundirse con el del comprador. Una cosa es la potestad y otra la custodia. Además, los menores podrán conocer sus orígenes, un derecho fundamental que se protege con esta medida. Pero, como abolicionistas, no podemos conformarnos. Derogar las instrucciones de 2010 y 2019 es un paso, pero no el destino.

Según la Nota del Ministerio de Justicia se «restablecen los cauces habituales de filiación, por vínculo biológico o por adopción», siendo la progenitora, la mujer que dio a luz, (que renunciaría a la filiación) y el progenitor el hombre que puso el material genético. La inscripción dejará de ser un trámite directo, «aunque se cuente con una resolución administrativa o judicial». Esta resolución deja fuera a aquellos clientes que se abastecen únicamente del mercado de gametos. Sin embargo, mientras la gestación subrogada no se considere un delito de trata, las personas con recursos seguirán viajando al extranjero para ello y los bebés, tanto como sus madres, seguirán siendo objeto de trata.

La industria de la subrogación, que mueve miles de millones de euros, no se detendrá con medidas administrativas. Clínicas, agencias y abogados que siguen operando en España como mediadores, se seguirán lucrando con la vulnerabilidad de las mujeres, mayoritariamente pobres, que predisponen sus cuerpos y vidas por necesidad, mientras los compradores, amparados en discursos de “libertad” o “deseo de paternidad”, perpetúan un sistema patriarcal y machista que cosifica vidas humanas.

¿Y ahora?: Es necesario un cambio radical: la gestación subrogada debe incluirse en la Ley Integral de Trata como un delito de explotación con fines reproductivos. No es una cuestión de regulación, como proponen quienes defienden su “versión altruista”; es una cuestión de derechos humanos. El Gobierno debe comprometerse en contemplar la práctica de la maternidad subrogada como trata de mujeres y menores.

La compraventa de bebés y el “alquiler de mujeres” no pueden normalizarse bajo ningún pretexto. Y cualquier otra opción que sigue perpetuando la cosificación de las mujeres y la ficción de que la “madre gestante” es una mera vasija, un “útero portante”, borrándola de la situación, cuando es la actora principal, sin la que no existiría la vida por nacer y su posterior venta es cosificación y trata. No nos engañemos: la gestación subrogada no es un acto de amor, sino un negocio que explota las desigualdades globales.

“El fin de la justicia reproductiva es reducir las desigualdades y no usar las vulnerabilidades de unas en favor de la libertad reproductiva de otra. No es solo injusticia reproductiva, es una forma inhumana de tener hijos.” Sheela Saravanan

Mientras en la mayoría de los países, por no decir todos, las madres gestantes son mujeres en situación de extrema pobreza, o de vulnerabilidad, en Occidente se nos vende la ilusión de una “elección libre”. ¿Libre? Nadie elige parir para otro cuando la alternativa es la miseria. El feminismo abolicionista, no acepta componendas. No queremos parches; queremos justicia. Países como Alemania, Francia, Italia y España prohíben esta práctica, y el Parlamento Europeo la ha condenado al considerarla “contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que el cuerpo y sus funciones reproductivas de la mujer se utilizan como una materia prima. Italia, además, ha dado un paso firme penalizando esta práctica con multas de hasta un millón de euros y prisión. España debe seguir ese camino, no solo cerrando grietas legales, sino persiguiendo a quienes se lucran con este mercado y educando a la sociedad sobre el verdadero rostro de este fenómeno que nos afecta como seres humanos.

La sociedad está empezando a entender que la lucha contra la gestación subrogada, contra los vientres de alquiler, contra la explotación reproductiva, o como la queramos llamar, es una lucha por los derechos humanos de mujeres y niñas. Pero no se engañen, el camino está lejos de terminar, y no descansaremos hasta que esta práctica sea reconocida como lo que es, una forma de trata, y sea erradicada. Porque aquí la biología importa, y bien lo sabe la industria, los compradores, y los defensores de esta práctica: los cuerpos de las mujeres no están en venta, ni se “alquilan”, tampoco sus úteros, y las criaturas no son mercancías.

Aprovecho el altavoz para agradecer a todas las feministas abolicionistas que han luchado por el sentido común y han hecho posible este momento, a todas las mujeres que se han dejado la vida en esta batalla. Es un triunfo de la razón y de los Derechos Humanos de mujeres y menores y un gran paso para la dignidad humana. Por último, no puedo dejar de mencionar de manera especial a mis compañeras de Stop Vientres de Alquiler, Ana Trejo Pulido, Inma Guillem, Vanesa Pujades y Berta García, por el inmenso trabajo realizado juntas, por la lucha y todo lo compartido desde 2017, aunque comenzásemos con anterioridad en solitario. Ya han pasado 6 años desde aquellas jornadas que organizamos en Jerez de la Frontera: “Explotación reproductiva y mercado de bebés.”Gracias a todas las compañeras que han hecho posible este momento, la lucha no ha terminado.

Es una gran noticia, aunque solo un paso más hacia su erradicación, la gestación subrogada debe incluirse en la Ley Integral de Trata como un delito de explotación con fines reproductivos.  Y la promoción de un tratado internacional vinculante para la abolición de la gestación subrogada, como propone la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada. CIAMS_ICASM.

Teresa Domínguez

Nota del Ministerio de Justicia

Enlace al BOE: Enlace al BOE Instrucción de 28 de abril de 2025 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre la actualización del régimen registral de la filiación de nacimientos mediante gestación por sustitución. REGIMEN REGISTRAL VIENTRES DE ALQUILER