El gobierno deroga las instrucciones 2010 y 2019. La medida que dificultará la inscripción de menores, pretende evitar que los compradores burlen la ley española, que prohibe la práctica de la maternidad subrogada, y así evitar la vulneración de derechos de las madres y la mercantilización de los menores, en línea con la doctrina del tribunal Supremo. El siguiente paso: que sea reconocida como trata de personas con fines reproductivos.