Vientres de alquiler: Las mujeres embarazadas se encuentran en la categoría de mayor riesgo frente a Covid-19

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Las agencias de «gestación subrogada» reciben numerosas solicitudes de «padres de intención» (Stop Vientres de Alquiler) que exigen entre otras condiciones que las madres «sustitutas» estén dispuestas a permanecer sin vacunar contra el coronavirus durante el embarazo. Aunque estos mismos se vacunen por su propia seguridad.

Medios de comunicación internacionales se hacen eco de las demandas que muchos clientes, realizan a las agencias de subrogación, para que les busquen a «madres de alquiler» que acepten NO ser vacunadas contra el COVID-19 a pesar de los graves riesgos que podría conllevar, puntualizando en la necesidad de dejar bien claras las cláusulas en los contratos.

Nuevos datos presentados en el Congreso Mundial de Salud Pulmonar revelan un aumento de las complicaciones durante el embarazo y después del parto entre mujeres gestantes infectadas con el SARS-CoV-2, especialmente entre las que padecen obesidad, o tienen sobrepeso, a consecuencia del embarazo, ya que el exceso de tejido adiposo puede afectar a la respuesta inmune a las infecciones virales. Se producen en general más ingresos, síntomas graves, partos prematuros, más cesáreas (46%), fiebre, hipoxia, trombos en la placenta (48,3%). Además el período de posparto es un momento especialmente vulnerable para las mujeres embarazadas con covid-19.

En su momento los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos, y la Organización Mundial de la Salud, indicaron que las mujeres embarazadas podían y debían optar por vacunarse. Posteriormente, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, así como la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, emitieron pautas que establecen que las mujeres embarazadas y las que desean quedar embarazadas deben recibir la vacuna. Más de 10,000 mujeres embarazadas han sido vacunadas ya en los EE. UU. Y ya hay varios estados que han decretado que el embarazo en sí mismo, hace que una persona sea candidata preferente para la vacuna.

A principios de febrero, el Dr. Fauci dijo que las pruebas de las vacunas Moderna y Pfizer, han descubierto que no afectaron la fertilidad ni perjudicaron el embarazo, de hecho se siguen monitorizando a las mujeres vacunadas a través de un registro llamado V-safe. Desde las mismas clínicas se afirma que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones si están infectadas con Covid-19. Y que la vacuna incluso podría conferir inmunidad pasiva al recién nacido, aunque se desconoce la duración. Actualmente Pfizer está trabajando en otra ronda de ensayos con 4.000 mujeres embarazadas. Y Johnson & Johnson, cuya vacuna fue aprobada en febrero, planea probar su vacuna tanto en mujeres embarazadas como en niños, niñas y recién nacidos.

Basado en la orientación de varias sociedades médicas profesionales, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología (ACOG), la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) y la Sociedad de Medicina Materno Fetal (SMFM), así como otros expertos, «las pacientes que planean concebir (con o sin tratamientos de fertilidad), actualmente embarazadas o amamantando, deberían considerar recibir la vacuna», ya que los riesgos para la salud de contraer COVID-19 superan en gran medida los riesgos de la vacunación.

De hecho, el Colegio de Obstetras del Reino Unido también recomienda lo mismo. Tampoco es necesario esperar un período de tiempo específico desde la vacunación hasta el tratamiento de FIV o la transferencia de embriones. La única recomendación que manejan es no ponerse la vacuna durante la fase activa del tratamiento por estimulación ovárica o transferencia de embriones ya que puede provocar una respuesta alérgica y fiebre, que puede afectar a los óvulos en ese ciclo, o al embrión que se transfiere.

McCutcheon, una madre «sustituta» de Ohio, se toma la gestación como «un trabajo» y como parte de ese trabajo, firmó un contrato que permite que los clientes puedan tomar decisiones médicas por ella, incluida la opción de no recibir la vacuna COVID-19. Curiosamente, esta madre que trabaja cuatro días a la semana en la consulta de un dentista que pudo haber sido vacunada al ser personal sanitario, contrajo COVID después de viajar a Seattle en noviembre 2020 y encontrarse con los clientes, para que le implantaran un embrión. Y aunque pasó la enfermedad con síntomas leves, aún hoy sigue sin recuperar el gusto y olfato. Incluso tuvo que dejar su puesto laboral el último trimestre a petición de los clientes, que le pagaron «las pérdidas» económicas por dejar de trabajar.

El sacrificio, la llamada al deber

Entre el 15 y el 50% de madres de alquiler, se niegan a vacunarse. Muchas mujeres que no están en el trabajo asalariado, y en situación mucho más precaria, se están viendo en la necesidad de aceptar este tipo de cláusulas con el fin de poder cerrar el trato, a sabiendas de los riesgos asociados, y aún teniendo la posibilidad de vacunarse durante el embarazo dadas las recomendaciones de las autoridades médicas y del aumento de la disponibilidad de las vacunas.

Hay clientes que preguntan si podrían exigir una interrupción de embarazo si la géstante se vacunara. Una decisión más práctica que la de iniciar un proceso legal contra ella, dado que se supone que el Derecho Constitucional a la toma de decisión sobre su propio cuerpo, la avalaría en teoría, sin embargo las mujeres también necesitarían demostrar esa necesidad mediante un documento médico que respaldara la recomendación. Es el pez que se muerde la cola. Por no mencionar que se trata de procesos largos, caros y por tanto difíciles de asumir.

Es mucho mas sencillo dejar bien detallado en contrato las condiciones, ya que es habitual que sean los propios clientes quienes se reservan el derecho último en la toma de decisiones médicas,  incluidos el aborto, la «reducción fetal» o la necesidad un equipo médico de supervivencia para mantener las funciones vitales de la madre hasta el nacimiento del bebé. No hay necesidad de complicarse. Las razones financieras a menudo obligan a las mujeres a entrar en un mercado predatorio que las despoja de todos sus derechos básicos.

Los datos disponibles sobre el status de quién se convierte en una «madre sustituta gestacional», según un estudio de 2016 de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, con revisión en 2019, indican que la mayoría de las mujeres que acceden a convertirse en madres de alquiler “son caucásicas, cristianas y tienen entre 20 y 30 años”, con diferentes niveles de educación y de status medio/bajo. Las mujeres de militares constituyen un porcentaje desproporcionado de la población de gestantes subrogadas en los Estados Unidos. Mujeres que son parte de un mundo altamente masculino, y son un objetivo principal de las agencias, intermediarios y clínicas porque suelen tener poca formación, pocas posibilidades de incorporarse al mercado laboral y renta baja, y con la ventaja de tener seguro médico básico, lo que encima las hace más “baratas” en el proceso.

Los clientes sin embargo, tienden a ser «mayores, más ricos y más educados». Por lo que las mujeres se enfrentarían a mucha presión para aceptar, y  demasiados obstáculos para ir a los tribunales, dada la diferencia de poder adquisitivo.

Los datos en EEUU:

Estudios recientes han sugerido que el embarazo es un factor de riesgo grave para la enfermedad Covid-19 que puede tener implicaciones en la salud de la madre y del feto y conduce a una mayor mortalidad entre las mujeres embarazadas.  Por ello es necesario garantizar la mejor decisión en especial para la madre y la criatura por nacer.

El análisis realizado por los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. Muestra por qué las mujeres embarazadas deben estar extremadamente atentas a las medidas de salud pública:

Cifras a 5 de abril 2021: Total de casos de COVID-19 en los EE. UU. durante el embarazo: 83,424
Total de muertes maternas por enfermedad COVID-19: 94
Hospitalizaciones durante el embarazo por COVID-19: 14,109
Mujeres embarazadas que necesitaron UCI y/o respiradores durante la hospitalización: UCI y respiradores 379/87

A partir de las cifras anteriores, queda claro que contraer COVID-19 durante la maternidad subrogada o el embarazo en general aumenta significativamente el riesgo de hospitalización.

Se observa que del total de las mujeres embarazadas, solo un 30% es «blanca», el resto son en su mayoría hispanas/latinas, negras, asiáticas y de «origen desconocido».

Los datos adicionales publicados por COVID-NET, en asociación con los CDC, establecen el riesgo de hospitalización para las mujeres embarazadas en aproximadamente el 28,2 por ciento. Las mujeres embarazadas se encuentran en la categoría de mayor riesgo, junto con los ancianos y aquellos con deficiencias del sistema inmunológico. Los propios CDC confían en que el desarrollo y la distribución de vacunas eficaces «beneficiarán enormemente a la subrogación en 2021»; sin embargo no parece ser el propósito de agencias, intermediarios, clínicas y clientes.

Ucrania: Destino Low-Cost

El caso de Ucrania, es paradigmático, y muy grave relativo a la salud y derechos humanos de la población en general. A las mujeres, niñas adolescentes, menores en general y personas mayores en particular. A esto hay que sumar el problema de conseguir vacunas en un país atrapado en conflicto bélico y geopolítico. Sin poder obtener vacunas de los Estados Unidos, por el bloqueo de Trump (ahora, con Biden, las primeras compras comerciales de vacunas occidentales no se entregarán antes de finales de 2021.) y ante su negativa a aceptar la ayuda de Rusia, solo les queda el mercado chino, del que han comprado la primera partida en una apresurada negociación en el país a finales de diciembre.

Ucrania tiene una población de 42 millones de habitantes, y está programado para recibir ocho millones de dosis de vacunas bajo el programa Covax (Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19) que abastece a países de ingresos bajos y medianos que de otra manera no podrían tener acceso a las vacunas.

Por otro lado, entrar en Ucrania durante la pandemia por Covid-19, es relativamente fácil para los clientes extranjeros. El gobierno ofrece toda clase de facilidades y garantías con el fin mantener una «cuarentena adaptativa» a los turistas de la explotación reproductiva. Eso significa que se han levantado la mayoría de las restricciones. El Ministerio de Salud de Ucrania anunció que no planean cerrar las fronteras en el futuro. Los países de la «Zona Verde» (menos de 315 casos por cada 100,000 personas), pueden entrar sin documentación, cuarentena, ni nada en absoluto. Los países de la llamada «Zona Roja», tampoco tienen mucha complicación, PCR de 48h. Que no te puedes hacer la PCR, se puede obtener una prueba de COVID directamente en el aeropuerto de destino. Escanean el código QR, la app VDoma, y la cuarentena se reduce de 24 a 48h que se recibe el resultado, y a disfrutar del turismo reproductivo sin tener en consideración el grave impacto en la salud pública de la epidemia de COVID-19 y efectos sobre la salud de las personas.

La pandemia no solo  expone sino que agrava las existentes desigualdades y discriminaciones de ciertos sectores de la población. Según ReliefWeb se necesita una respuesta humanitaria. Y se hace necesario aplicar la perspectiva de edad y sexo para identificar los factores que empeoran las desigualdades entre la población afectada por el conflicto. Las vulnerabilidades de ciertos grupos de población son particularmente críticas debido a las condiciones físicas, incluidas las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y en período de lactancia, las enfermedades crónicas como el VIH, la tuberculosis o las enfermedades mentales.

Dos tercios de las mujeres de la región experimentan un empeoramiento de la situación económica y un aumento en la cantidad de trabajo doméstico. También un aumento de la violencia psicológica y física. Casi todas las mujeres (80 por ciento) identificaron el apoyo financiero como la necesidad más urgente para sus familias. Dos tercios de las mujeres informan de ansiedad, trastornos del sueño o depresión como resultado de la pandemia de COVID-19. La mitad de la población femenina de Ucrania indicó que la pérdida del empleo o la pérdida parcial de ingresos hace que sea imposible pagar el alquiler y los servicios públicos.

Una regulación deficiente amenaza la salud de las mujeres gestantes y donantes en Ucrania en el negocio de la mal llamada «gestación subrogada». El coste de la pandemia de COVID-19 en la economía podría estar empujando a las mujeres ucranianas a buscar ingresos adicionales a través del alquiler de sus vientres. Casi un año después del «escándalo de la subrogación«, de Biotexcom, la legislación del país no se ha modificado un ápice con el fin de proteger a las mujeres que se ven obligadas a ser madres de alquiler. La subrogación en dicho país tiene muchos aspectos problemáticos, incluidos los riesgos para la salud de las mujeres y sus criaturas, la explotación y la vulneración de sus derechos humanos básicos a los que el gobierno sigue haciendo la vista gorda.

Bioética

Como dice el juramento hipocrático de la profesión médica, «primum non nocere: en primer lugar, no hacer daño». La bioética nace ante la necesidad de tratar de solucionar los interrogantes y conflictos que plantean hoy los avances científicos y las tecnologías, su uso y aplicación al ser humano, a la vida y a la supervivencia en el planeta. Sobre el principio de la no maleficencia, de autonomía y de justicia desde el punto de vista de la mujer gestante y de las criaturas les recomiendo el artículo de Vanesa Rodríguez, integrante de Stop Vientres de Alquiler:  «Los principios de la bioética y los vientres de alquiler«. La salud y la seguridad de las mujeres embarazadas debería ser la máxima prioridad, y no los caprichos egoístas de personas sin escrúpulos, ni principios, que anteponen sus deseos de crear una familia, a cualquier coste, a la salud de las mujeres que darán a luz a esos bebés.

Teresa Domínguez