Publicado en Nueva Revolución 13/02/25
Teresa Domínguez
El derecho al voto es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, pero también ha sido históricamente el blanco de intentos de restricción bajo pretextos engañosos. La Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act es el último ejemplo de cómo una supuesta medida de seguridad electoral puede convertirse en una herramienta de exclusión masiva. Aunque el fraude electoral por parte de no ciudadanos es prácticamente inexistente, esta ley amenaza con dejar fuera del proceso democrático a millones de ciudadanos estadounidenses, con un impacto especialmente negativo en mujeres, jóvenes y comunidades racializadas.
Esta propuesta, impulsada por el republicano Chip Roy, exige que cualquier persona que quiera registrarse o renovar su inscripción en el censo electoral presente documentos que acrediten su ciudadanía, como pasaporte, certificado de naturalización o una licencia de conducir compatible con el programa REAL ID. ¿El problema? No todo el mundo tiene esos documentos a mano. De hecho, según el Brennan Center for Justice, más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar carecen de prueba documental de su ciudadanía. Esto convierte a la SAVE Act en una barrera burocrática que restringe el derecho al voto en lugar de protegerlo.
Las mujeres, entre las más perjudicadas
El impacto de esta medida no se distribuiría de manera equitativa. Las mujeres que han cambiado su apellido tras casarse o divorciarse pueden encontrar dificultades adicionales para validar su documentación. ¿Cuántas veces nos hemos topado con trámites administrativos que no contemplan cambios de nombre, creando un calvario burocrático innecesario? Pues bien, esta ley añadiría otra capa de dificultad para un derecho tan básico como el sufragio.
En varios países del mundo, las mujeres pierden automáticamente su apellido al casarse, lo que añade otra capa de invisibilización y dependencia administrativa. Esto ocurre en lugares como Japón, donde la ley obliga a las parejas casadas a compartir un único apellido, lo que en la práctica significa que el 96% de las mujeres adoptan el de su esposo. En países como Estados Unidos, Reino Unido, India, Polonia o Italia, aunque el cambio de apellido no es obligatorio, sigue existiendo una fuerte presión social para hacerlo. Esta práctica también se mantiene en partes de América Latina, como Chile y México, donde el apellido del marido puede añadirse al de la esposa en ciertos documentos oficiales.
Además, jóvenes y personas con bajos ingresos también estarían en desventaja, ya que no todos pueden permitirse los costes de obtener un pasaporte o acceder fácilmente a los registros oficiales. De nuevo, son siempre los mismos sectores de la población los que ven su derecho al voto amenazado por medidas que supuestamente buscan reforzar la seguridad electoral.
Un viejo truco con otro nombre
Este tipo de barreras no son nuevas. Kansas intentó en 2013 implementar un requisito similar de prueba documental de ciudadanía, pero la justicia tumbó la medida por considerarla inconstitucional. Arizona lo intentó también y solo logró una aplicación parcial tras la intervención del Tribunal Supremo. Entonces, ¿por qué insistir en una fórmula que ya ha sido cuestionada y desestimada? La respuesta es sencilla: supresión de votantes. Al endurecer los requisitos para registrarse, se dificulta la participación de grupos demográficos que tienden a votar por el Partido Demócrata. No es seguridad electoral, es estrategia política.
El verdadero objetivo: limitar la participación ciudadana
El fraude electoral por parte de no ciudadanos es una farsa. De acuerdo con un estudio del Brennan Center sobre las elecciones de 2016, en todo Estados Unidos solo se identificaron 30 casos sospechosos de votación ilegal entre más de 137 millones de votantes. Y, sin embargo, se sigue promoviendo la idea de que millones de personas están votando de forma fraudulenta para justificar medidas como la SAVE Act.
Actualmente, la ley ha sido aprobada en la Cámara de Representantes con el apoyo republicano y de cinco demócratas, y se espera que llegue al Senado. Su destino es incierto, pero el simple hecho de que se esté debatiendo marca una tendencia preocupante: cada vez más se utilizan estrategias burocráticas para restringir el derecho al voto en lugar de ampliarlo. La democracia se defiende garantizando derechos, no restringiéndolos.
Votar no es un privilegio ni un favor que el Estado concede; es un derecho fundamental que no puede depender de la capacidad de alguien para navegar un laberinto burocrático. La democracia no se protege poniendo trabas, sino asegurando que todas las voces puedan ser escuchadas. La SAVE Act es un intento más de restringir derechos bajo una fachada de seguridad, y debe ser rechazada por cualquiera que realmente crea en una democracia inclusiva y justa.
Sería un escándalo si se revocaran estos derechos de manera directa. Pero, como el patriarcado y sus aliados saben que no pueden hacerlo abiertamente sin desatar una revuelta, recurren a artimañas burocráticas para dificultar su denuncia y resistencia. Es el mismo patrón de siempre: disfrazar la opresión con trámites y regulaciones hasta que las víctimas, agotadas, se rindan. La SAVE Act es otro ejemplo de este ataque encubierto, una nueva ofensiva del sistema patriarcal contra la participación y la igualdad.
De nuevo están nuestros derechos en juego. Nos ha costado demasiado conquistarlos, y el derecho al voto, aunque hoy nos parezca indiscutible, es un logro reciente que debemos seguir defendiendo con uñas y dientes.