Publicado en Nueva Revolución

Publicado en CIAMS Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución

Teresa Domínguez


El gobierno de Quebec acaba de celebrar consultas sobre el Proyecto de Ley nº 73 de reproducción asistida. Un proyecto que el Ministro de Salud y Servicios Sociales, Lionel Carmant, presentó y que limitará la edad de las mujeres que pueden beneficiarse de la cobertura de tratamientos de reproducción asistida en el ámbito del seguro médico de Quebec. Y que tiene como objetivo restaurar la cobertura pública de la fertilización in vitro abolida en 2015 por el gobierno de Philippe Couillard, que estableció créditos de impuesto para reducir costes.

La cobertura pública para los tratamientos de reproducción asistida volverán a estar disponible, pero solo para mujeres de 18 a 41 años que dispongan de tarjeta de seguro médico. Las franjas de edad se establecen a razón de edad ya que después de los 41 años, la tasa de éxito, que fluctúa entre el 5 y el 10%, es considerada por el gobierno demasiado baja para justificar la inversión.

Pero no ha gustado en la misma medida a todos, algunos colectivos, principalmente de hombres, se quejan de que «las madres sustitutas siguen ausentes del marco legal». Las parejas de hombres siguen exigiendo que se incluyan a las mujeres que alquilarían sus cuerpos, en lugar de tener que «satisfacer su deseo de paternidad en la provincia vecina». O en otros países.

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La cobertura de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) solo se aplicará a mujeres con problemas de infertilidad o que no puedan reproducirse, es decir, a las parejas heterosexuales (siempre que el hombre no tenga la vasectomía hecha), a las parejas de mujeres (solo una de ellas se beneficiaría del tratamiento), y las mujeres solteras. Además los tratamientos no deben implicar riesgos obstétricos para quienes lo soliciten.

La noticia ha sido bien recibida por las mujeres y por la Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Quebec. Sin embargo, las quejas no se han hecho esperar: por «la falta de la opción de la subrogación», considerada como «una de las únicas opciones disponibles para las parejas masculinas (u hombres solteros) que desean tener un hijo».

Regular el uso de una madre sustituta

Estos colectivos exigen que el gobierno debe reformar la ley de derecho familiar. Por ello, esta omisión ha llevado a la Coalición de Familias LGBT + (evidentemente la petición no la realiza la L del colectivo), y  se supone que al Consejo de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a pedir al gobierno que regule el uso «de una madre sustituta», como una reivindicación que lleva pidiendo el colectivo gay desde hace tiempo. Con un contenido que más bien parece un chantaje:

«Es importante que el gobierno envíe un mensaje a los hombres gay, a la comunidad gay, de que esta es otra forma de fundar nuestras familias, y es completamente válida y aceptable.« Con el fin de «evitar cualquier forma de discriminación.»

En Canadá, remunerar a una madre gestante es un delito, y se paga con multas y hasta 10 años de cárcel, pero la práctica es absolutamente legal. Y según un reglamento que entró en vigor, ciertos gastos pueden ser abonados por los clientes. (Gastos que son complicados de fiscalizar y menos aún si provienen de fondos del extranjero). Pero en Quebec existe un vacío legal. En algunas provincias, como Ontario, el contrato previo a la concepción permite a la madre biológica ceder sus derechos a ambos clientes al nacer, mientras que en Quebec el contrato es nulo y los clientes corren el riesgo de terminar en los tribunales. Y la ley especifica que la madre biológica puede reclamar sus derechos en los tribunales después del parto a pesar de firmar un contrato. Y eso genera mucha inseguridad para los clientes. Que prefieren leyes que  aseguren que no se van a llevar «una sorpresa» tras el nacimiento del o de los bebés por maternidad subrogada. Ese es el problema para ellos.

Louise Langevin, de la Facultad de Derecho de la Universidad Laval, Canadá, también ha denunciado que tiene muchas preocupaciones sobre este tema ya que no disponen de un estudio sobre el retrato socioeconómico de las mujeres que son usadas como madres sustitutas. Y su impacto a la larga. Y asegura que un proyecto de ley sobre el tema, debería provenir del gobierno, no de una empresa privada. La Canadian Fertility Consulting fue multada con $60,000 en 2014 por pagar a madres de alquiler. “En ese momento, tenía 4 empleados. En 2018 tenía 38, en 2017, su empresa utilizó 300 madres sustitutas. Un año después, a 500. Además, la liberalización del pago, o la autorización de remuneración, es un factor que podría desencadenar el aumento de grupos de mujeres que por necesidad se prestarían a ser madres de alquiler.

Discriminados por su condición de hombres, por no poder tener hijos.

Recordemos que la Canadian Fertility Consulting considera que como pocas mujeres donan voluntariamente o son madres de alquiler de manera altruista, hay personas que recurren al mercado negro. Y que los miembros de la «comunidad LGBTQ+» se ven afectados de manera desproporcionada por la ley vigente porque «cada miembro debe contar con una tercera persona para formar su familia.» Además afirman que «el esperma canadiense es limitado, la donación de óvulos particularmente onerosa, con tratamiento hormonal y atención médicalo que limita la disponibilidad de donantes. Del mismo modo, pocas mujeres están dispuestas a ser madres de alquiler sin compensación.» Afirman que en Canadá ha surgido un mercado negro para estos servicios, a veces operando desde internet y redes sociales, que involucra arreglos financieros privados sin regulación o protección. Y que si bien el pago por esperma u óvulos es ilegal en Canadá, los gametos se importan de países extranjeros, donde el pago es legal. Una ruta innecesariamente costosa.

Discriminados por su condición de hombres gais, por no poder tener hijos, también fue el argumento del director ejecutivo de Men Having Babies, quien expresó claramente ante la Audiencia en el Senado de Nueva-York,  que «los hombres gais sufren discriminación por no poder tener hijos» y solicitó aprobar la propuesta de Ley CPSA que de hecho ha legalizado este año 2020, la explotación reproductiva en el estado de Nueva York.

Atentado a la dignidad de la mujer y del bebé

«Es un atentado a la dignidad de la mujer que se convierte en instrumento y es un atentado a la dignidad del bebé. Nadie debería ser objeto de un intercambio, ya sea de forma amistosa o en condiciones remunerativas». Maria De Koninck, socióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Laval

La socióloga Maria De Koninck, pone el punto justo en el quid de la cuestión, la construcción social de «la patología del deseo de tener un hijo». Es decir, la presión que la sociedad, particularmente con la medicina y la medicalización, ejerce sobre determinadas mujeres que no pueden dar a luz. . «Hay mujeres que están bajo una terrible presión para iniciar un tratamiento. Los avances médicos a menudo son bienvenidos, pero a veces crean problemas, crean «enfermedades«. Por otro lado, se plantea cómo mejorar la vida de tantos niños y niñas que merecen y necesitan un hogar, facilitando las opciones de adopción. Tenemos que pensar en la cuestión del deseo de tener un hijo y cómo encontrar soluciones que no utilicen el cuerpo de una mujer y pongan al bebé en riesgo.» Y en el caso de la maternidad por sustitución, la cuestión del acceso a toda la información relativa a la identidad de la madre que dio a luz al niño y de la que ha donado sus ovocitos es fundamental, «en un mundo donde las ciencias clínicas han demostrado que ya no se puede construir sin saber de dónde vienes«.

Esta semana se llevaron a cabo sesiones de consulta sobre el proyecto de ley 73 que tiene como objetivo modificar diversas disposiciones sobre la ley de reproducción asistida. El Colegio de Médicos quiere garantizar la seguridad y la calidad de dichos procesos en nombre de los bebés por nacer y sus madres. El resto, como saben, no es más que negocio con grandes perspectivas y explotación reproductiva.

https://youtu.be/sfGBa-sIrbk