El pasado 13 de marzo tuvo lugar el webinar organizado por la International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood (ICASM/CIASM) bajo el título “Gestación subrogada: mercado, violencia y desposesión de la maternidad”. Un espacio de análisis que rompe con el relato dominante sobre esta práctica y sitúa el debate en el terreno que le corresponde: el de los derechos humanos, la desigualdad estructural y la explotación reproductiva al que tuve el honor de ser invitada, junto a otras expertas.
Durante años, la conversación pública ha estado fuertemente condicionada por los intereses de la industria. Agencias, clínicas y lobbies han construido un discurso centrado en la libertad, la elección o la ampliación de derechos. Sin embargo, este enfoque deja fuera elementos esenciales: las condiciones materiales en las que se produce la gestación, las relaciones de poder que la sostienen y las consecuencias que conlleva tanto para las mujeres como para las criaturas. El vídeo completo que ahora comparto recoge estas reflexiones y ofrece una mirada crítica, rigurosa y necesaria sobre una realidad que, lejos de ser marginal, se encuentra en plena expansión global.
A veces las buenas noticias llegan sin grandes titulares. No abren telediarios ni provocan debates televisivos, pero para quienes llevamos años siguiendo ciertos procesos internacionales tienen un sabor inequívoco: el de una gran victoria política.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el proyecto que la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado llevaba más de una década preparando para regular la filiación derivada de la gestación subrogada a nivel internacional. La intención era crear un instrumento de cooperación internacional que, imitando el modelo de adopción internacional, otorgase apariencia de legalidad a la mal llamada maternidad subrogada y especialmente encajasen a los menores sin que pareciera que se trataba de un mercado de compraventa de criaturas. El proyecto ha sido suspendido. Dicho así puede parecer un detalle técnico, una nimiedad, uno de esos movimientos burocráticos que solo interesan a juristas especializados en derecho internacional privado. Pero no lo es. Lo que estaba en juego era mucho más que una cuestión jurídica: era la posibilidad de crear el primer instrumento internacional que, en la práctica, legitimara el mercado global de la compra-venta de bebés. Tal cual. Un tratado de este tipo habría obligado a los Estados a reconocer la filiación derivada de acuerdos de privados comerciales de subrogación realizados en terceros países, incluso cuando esa práctica estuviera prohibida en su propio ordenamiento jurídico. Es decir: una vía para normalizar internacionalmente un negocio multimillonario, que se sostiene sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la mercantilización y transferencia contractual de bebés recién nacidos.
Durante más de diez años, el proceso avanzó con la discreción propia de las instituciones internacionales. Grupos de expertos, informes técnicos, reuniones de trabajo, consultas entre Estados. Todo ello bajo el lenguaje aparentemente neutro de la “armonización jurídica” o la “seguridad legal para los menores”. Pero detrás de ese lenguaje técnico «aséptico», se escondía algo bastante más concreto: la consolidación jurídica de una industria eugenésica bío-reproductiva transnacional que mueve miles de millones de dólares y que se apoya en desigualdades económicas, sociales y étnicas, muy claras.
Porque el mapa de la subrogación internacional es bastante elocuente. Los llamados “padres intencionales” suelen proceder de países ricos, seamos sinceros; las mujeres que se someten innecesariamente a tratamientos innecesarios de fertilidad, y llevan a cabo el embarazo, en cambio, se concentran en países con menores recursos, marcos legales permisivos o contextos de vulnerabilidad económica. India, Grecia, Ucrania, Georgia, algunos estados de Estados Unidos, México, Colombia, Nigeria o Laos han sido, en distintos momentos, piezas clave de ese mercado global.
Donde hay pobreza, aparece la oferta. Por eso muchas feministas seguimos con preocupación el proceso abierto en La Haya. No porque ignoremos los problemas jurídicos que genera la explotación de mujeres con fines reproductivos a nivel internacional —niños y niñas con nacionalidades inciertas, filiaciones que no se reconocen, conflictos legales entre países— sino porque sabíamos que la solución propuesta podía terminar reforzando el propio mercado que produce esos problemas. Regular internacionalmente esa práctica, no es un gesto neutral. Tiene consecuencias políticas muy concretas.
Durante años, organizaciones feministas, juristas críticas y activistas de distintos países enviaron informes, cartas y posicionamientos alertando de este riesgo. Se pidió a los gobiernos que no respaldaran un convenio internacional que acabaría consolidando la voraz industria global de la reproducción por encargo. Ese trabajo, muchas veces invisible, rara vez aparece en los comunicados oficiales. Pero existe. Y es importante recordarlo. Porque la suspensión del proyecto no surge de la nada. Es el resultado de años de presión política, de debates incómodos y de un esfuerzo constante por introducir en las instituciones internacionales una pregunta que durante mucho tiempo se evitó: qué significa realmente convertir la capacidad reproductiva de las mujeres en objeto de contrato.
El feminismo lleva tiempo insistiendo en algo que a menudo desaparece en los discursos sobre “nuevas formas de familia”: que la reproducción humana no es un servicio abstracto. Es un proceso corporal que ocurre en el cuerpo de una mujer. Y que convertir ese proceso en objeto de mercado tiene implicaciones éticas, sociales y políticas profundas.
La decisión de suspender el proyecto no significa que el problema haya desaparecido. El mercado global de la gestación subrogada sigue existiendo y continúa expandiéndose en distintos países. Tampoco significa que el intento de crear un marco internacional haya terminado para siempre. Es muy probable que vuelva a plantearse en el futuro, quizá con otro enfoque o bajo otra fórmula jurídica. Pero lo ocurrido ahora tiene un valor político importante. Demuestra que la expansión aparentemente inevitable de esta industria no es un proceso automático. También es un campo de disputa.
Durante más de una década se intentó construir un instrumento internacional para ordenar un negocio infame, el negocio global de la trata de mujeres con fines reproductivos, con la excusa de salvaguardar el «derecho de los menores». Ese intento ha quedado, al menos por ahora, detenido. Y eso ha sido gracias a la lucha feminista. Gracias CIAMS_ICASM.
Disfruten el seminario online.
Teresa Domínguez
Descubre más desde Letra Escarlata
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
