En los procesos analizados durante 2025, las mujeres representaron solo el 5 % de las personas negociadoras, frente al 7 % del año anterior. Participaron en trece de los 57 procesos de paz examinados
Por Teresa Domínguez | 31/10/2026
Publicado en Nueva Revolución el 31/10/2026
Las mujeres y las niñas representan una parte desproporcionada de las víctimas de los conflictos armados, pero siguen teniendo una presencia mínima en las negociaciones que deciden cómo comienzan o terminan las guerras y qué ocurre después. El último informe sobre mujeres, paz y seguridad del secretario general de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, publicado el 26 de octubre de 2026, vuelve a mostrar esa contradicción: mientras aumenta la violencia contra la población civil, la participación de las mujeres en los procesos de paz continúa retrocediendo.
En 2025, el número de conflictos armados alcanzó su nivel más alto desde 1945. En los últimos quince años se ha duplicado y el gasto militar mundial se aproxima ya a los tres billones de dólares anuales. El informe recoge más de 37.000 muertes de civiles en veinte conflictos y estima que una de cada cuatro víctimas mortales civiles fue una mujer o una niña. A esto se suman 9.788 casos verificados de violencia sexual relacionada con los conflictos durante 2025. Son cifras que permiten dimensionar una violencia que no termina cuando cesan los bombardeos, porque sus consecuencias alcanzan la salud, la educación, la seguridad económica y las posibilidades de reconstruir una vida.
La guerra tampoco necesita matar directamente para destruir la vida de las mujeres. Naciones Unidas calcula que 756,1 millones de mujeres y niñas viven a menos de cincuenta kilómetros de un conflicto armado, el 18,8 % de la población femenina mundial. La cifra aumentó un 5,6 % respecto al año anterior y es la más elevada desde la década de 1990. En los países afectados por conflictos, las mujeres tienen más dificultades para acceder a servicios sanitarios, alimentación, educación y protección. Las mujeres embarazadas afrontan un riesgo cinco veces mayor de morir por causas relacionadas con la maternidad, y se estimaron 160.000 muertes maternas en contextos de fragilidad o conflicto durante 2023.
En Gaza, el informe señala que los nacimientos descendieron un 41 % y los abortos espontáneos aumentaron un 300 %. La destrucción de hospitales y servicios esenciales, la falta de atención médica y las restricciones a la ayuda humanitaria tienen consecuencias que recaen sobre las mujeres y sus criaturas, incluso antes de nacer. La violencia sexual, por su parte, sigue utilizándose en distintos conflictos como instrumento de intimidación y sometimiento. Hablamos de mujeres y niñas que quedan expuestas a la violencia armada y a la desprotección.
La educación es otra de las víctimas. Durante 2024 y 2025 se registraron 9.259 ataques contra la educación, un aumento del 50 %. En países afectados por crisis, 127 millones de menores en edad escolar están fuera de la escuela, y las niñas tienen 2,5 veces más probabilidades que los niños de quedarse sin escolarizar. Afganistán continúa siendo el único país donde las niñas y las mujeres tienen prohibido acceder a la educación más allá del sexto curso. En 2025, 2,2 millones de niñas afganas estaban excluidas de la educación secundaria y superior; si las restricciones continúan, la cifra podría llegar a cuatro millones en 2030.
La persecución de las mujeres afganas muestra con claridad que la violencia contra ellas no se limita a los ataques físicos. También se ejerce mediante normas, decretos y decisiones institucionales que las apartan de la educación, restringen sus movimientos y les niegan libertades básicas. El 5 de octubre de 2026, la Corte Penal Internacional hizo públicas cuatro órdenes de arresto contra altos cargos talibanes por presuntos crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos de género y políticos. Dos de las órdenes se habían emitido en julio de 2025 y las otras dos en septiembre de ese año. La decisión considera que existen motivos razonables para creer que los sospechosos son responsables de haber ordenado, inducido o solicitado actos de persecución contra mujeres y niñas, así como contra otras personas que no se ajustan a las políticas talibanes, y contra quienes son percibidos como aliados de las mujeres.
La relevancia de esta decisión va más allá de la situación de Afganistán. Reconoce que la persecución puede expresarse a través de sistemas institucionalizados de discriminación y de la privación sistemática de derechos, y no únicamente mediante agresiones físicas. La justicia internacional tiene todavía enormes dificultades para hacer efectivas sus decisiones, pero nombrar estos crímenes y exigir responsabilidades es un paso necesario frente a la impunidad.
Mientras tanto, en Sudán, la población civil continúa atrapada en una guerra devastadora. El 26 de octubre, un ataque con drones de las Fuerzas Armadas Sudanesas alcanzó un mercado concurrido en Nyala, capital de Darfur del Sur, y otro ataque afectó a un barrio residencial. Médicos Sin Fronteras informó de que el hospital al que presta apoyo había recibido los cuerpos de 36 personas, entre ellas mujeres y menores y atendido a más de 150 heridos. Otras fuentes han difundido cifras de víctimas más elevadas. El ataque se produjo después de otro bombardeo contra el mercado de Al Mawashi, el 16 de octubre. Un mercado es un lugar donde la población busca alimentos y obtiene los recursos necesarios para sobrevivir.
El informe de Naciones Unidas muestra que esa exclusión también se reproduce cuando se negocia la paz. En los procesos analizados durante 2025, las mujeres representaron solo el 5 % de las personas negociadoras, frente al 7 % del año anterior. Participaron en trece de los 57 procesos de paz examinados. De los 53 acuerdos de paz alcanzados, únicamente diez mencionaban a las mujeres, las niñas o la violencia sexual. Ninguno de los trece acuerdos de alto el fuego incorporó expresamente la violencia sexual relacionada con los conflictos.
La ausencia de las mujeres en estas negociaciones tiene consecuencias concretas. Cuando se acuerda un alto el fuego sin abordar la violencia sexual, la protección de la población femenina queda relegada. Cuando los acuerdos no contemplan sus derechos ni sus necesidades, la paz puede detener temporalmente los combates sin transformar las condiciones que permiten que la violencia continúe. Las mujeres no deberían depender de la voluntad de quienes las han excluido para poder intervenir en las decisiones que afectan a sus vidas.
La desigualdad también está presente en las instituciones que gestionan los conflictos. En los países afectados, las mujeres ocupan el 20 % de los escaños parlamentarios, frente al 27 % de la media mundial, y solo representan el 11 % de los puestos en órganos deliberativos locales, frente al 36 % a escala global. Los hombres dirigen el 97 % de los ministerios del Interior, el 94 % de los de Finanzas y el 91 % de los de Defensa en los países afectados por conflictos. Las decisiones sobre seguridad, recursos y reconstrucción siguen concentradas, por tanto, en manos masculinas.
A esta falta de representación se añade el debilitamiento de las organizaciones de mujeres. La reducción de la ayuda internacional ha provocado una crisis de financiación para muchas entidades que trabajan por la protección de las mujeres y la construcción de la paz. La financiación destinada a organizaciones de derechos de las mujeres en países con niveles altos o extremos de fragilidad descendió de 215,4 millones de dólares en 2023 a 167,9 millones en 2024. En una encuesta citada por Naciones Unidas, el 63 % de las organizaciones consultadas afirmó haber reducido sus servicios en comunidades remotas, el 45 % disponía de financiación para menos de seis meses y el 77 % había perdido personal. Más de 250 espacios seguros para mujeres y niñas habían cerrado.
Es una contradicción difícil de justificar: mientras el gasto militar mundial se eleva en 2025, las organizaciones que protegen a mujeres y niñas pierden recursos y capacidad de actuación. En 2024, de los 43.500 millones de dólares de ayuda destinados a países frágiles, 21.700 millones apoyaron iniciativas relacionadas con la igualdad, pero solo 2.500 millones tenían ese objetivo como propósito principal. La protección de las mujeres continúa dependiendo de una financiación insuficiente e inestable, incluso en lugares donde su seguridad está en peligro permanente.
El secretario general advierte de que los compromisos internacionales con la agenda de mujeres, paz y seguridad no se han traducido en la voluntad política, los recursos y la rendición de cuentas necesarios. La participación de las mujeres en los procesos de paz retrocede, mientras los conflictos se multiplican y la militarización avanza. En 2025, menos de la mitad de las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hicieron referencia a cuestiones relacionadas con las mujeres y niñas, el porcentaje más bajo desde 2008.
Las mujeres no necesitan que se hable de ellas únicamente como víctimas, aunque las cifras obliguen a mirar de frente la violencia que sufren. Necesitan participar en las mesas de negociación, en los espacios de decisión política, contar con recursos para sostener sus organizaciones y tener garantizada la protección de sus derechos durante la guerra y después de ella. La paz debe medirse por los derechos que se reconocen, la seguridad que se garantiza y la capacidad de estas para intervenir en las decisiones que determinarán su futuro. Mientras se negocien acuerdos sin ellas y se reduzca la financiación de quienes las protegen, la promesa de una paz duradera seguirá incompleta.
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