Abolicionismo: el reto del siglo XXI, voz y compromiso desde el municipalismo

La jornada se enmarcó en un contexto más amplio de reflexión feminista sobre la necesidad de trasladar, tanto a nivel local como autonómico, políticas públicas abolicionistas frente a la prostitución, la pornografía, el género y la explotación reproductiva. Concebida como un espacio de diálogo y análisis, la convocatoria respondía también al respaldo social creciente al ideario abolicionista. El objetivo era claro: compartir experiencias, estrategias y herramientas que permitan avanzar en una agenda política que sitúe la dignidad de las mujeres en el centro.

El programa reunió a voces con una trayectoria consolidada en distintos ámbitos del feminismo. Ana Mª García Costas, abogada especializada en violencia de género y portavoz de la Rede Galega contra a trata, aportó su experiencia directa en la atención a mujeres en situación de prostitución y trata. Zuriñe Ojeda, activista feminista y vicepresidenta del PFAC, amplió el marco del abolicionismo más allá de la prostitución, al ámbito del género. Teresa Domínguez, presidenta de AFRA Mujeres, expuso la propuesta de ordenanza abolicionista presentada en Jerez como herramienta de intervención local. Por su parte, Pilar Aguilar, crítica audiovisual y presidenta del PFAC, incidió en la necesidad de articular un sujeto político feminista capaz de incidir en las instituciones.

En la mesa compartida con otras ponentes, se abordaron algunos de los principales desafíos del contexto actual: la normalización de la prostitución, el análisis del sistema desde dentro, la banalización del discurso del género, el papel del abolicionismo en la política institucional y, especialmente, la necesidad de impulsar políticas públicas que dejen de eludir esta realidad.

La intervención de Domínguez se centró en la importancia de implementar ordenanzas abolicionistas en el ámbito municipal. Frente a la idea extendida de que los ayuntamientos desempeñan un papel meramente administrativo, defendió que el ámbito local es, en realidad, el espacio donde las normas se concretan o se vacían de contenido. El municipio no actúa como espectador, sino como la frontera decisiva donde la igualdad se hace efectiva o queda reducida a retórica.

En este marco, la Ordenanza Municipal Abolicionista Tipo fue presentada como una herramienta política clave. Lejos de ser un documento técnico más, constituye un instrumento que permite a los gobiernos locales actuar de forma inmediata, superando la parálisis institucional. Su aplicación incide directamente en la definición de los límites del espacio público y en la protección de los derechos de las mujeres frente a la explotación.

Uno de los argumentos más recurrentes para justificar la inacción municipal es la supuesta falta de competencias en ausencia de una ley estatal. Sin embargo, la ponencia subrayó que los ayuntamientos disponen de facultades suficientes en materias como seguridad, convivencia, derechos humanos y regulación del espacio público. La concesión de licencias, el control de locales o la regulación de la publicidad sexista son ámbitos donde la intervención es no solo posible, sino necesaria. La cuestión, por tanto, no es competencial, sino de voluntad política.

Asimismo, se destacó el papel imprescindible del movimiento feminista en el diseño y seguimiento de estas políticas. La actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2025 refuerza esta exigencia, estableciendo la participación directa de organizaciones especializadas en los espacios de intervención contra la trata.

La herramienta, en definitiva, ya existe. El debate no gira en torno a su viabilidad, sino a su aplicación. La cuestión queda planteada en términos claros: si los ayuntamientos cuentan con los instrumentos necesarios, ¿continuarán permitiendo que el espacio público funcione como escenario de impunidad para la prostitución y la trata, o asumirán el liderazgo político que exige la garantía efectiva de los derechos de las mujeres?